El secretario general de ATE Provincia, Oscar de Isasi, expresó su "profunda preocupación" tras la primera reunión paritaria del año "porque lejos de existir una respuesta a algunos de los reclamos se recreó la situación del año anterior, en la que el gobierno solo nos volvió a pedir que enumeremos nuestros reclamos, como si nunca los hubiera escuchado". Al mismo tiempo, anticipó que mañana el Consejo Directivo Provincial le pondrá fecha y forma a una medida de fuerza para antes de la finalización del corriente mes.
El dirigente dijo estar sorprendido "por la falta de un diálogo serio que busque verdaderas soluciones, a viejos reclamos, pero lamentablemente nos encontramos con más de lo mismo. Es decir, pareciera que todo vuelve a empezar, que lo dicho nunca estuvo dicho y que el gobierno vuelve a reconocer que no tiene propuestas sobre nada y solo dice que se pondrá analizar cada requerimiento".
Durante el encuentro con los funcionarios, de Isasi les manifestó su disconformidad con la actitud del gobierno "que ni siquiera abordó la lista de reclamos. Uno puede resolver los temas en un proceso de dialogo. Las cosas pueden ser más difíciles o más fáciles de ser resueltas, pero lo que no puede hacerse es no abordalas".
"Queda claro que estas reuniones tienen más el objetivo de dilatar el proceso, esperando el alineamiento nacional, antes que priorizando la búsqueda de soluciones para los problemas de los trabajadores. Por lo que con la misma firmeza con que ratificamos nuestra voluntad de dialogar en el marco paritario cada vez que se nos convoque, mañana, cuando delibere el Consejo Directivo Provincial del gremio, le pondremos fecha y forma a una medida de fuerza para antes de que finalice el mes", anticipó el dirigente.
Leer mas No a la Ley Antiterrorista
BASTA DE CRIMINALIZAR
LA PROTESTA SOCIAL
La Ley Antiterrorista, publicada el 28 de diciembre de 2011, incorpora al Código Penal un nuevo agravante para cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión. En estos casos se eleva la pena aplicable al doble de la pena mínima y de la máxima. La excusa de esta ley es prevenir, investigar y sancionar actividades delictivas con finalidad "terrorista". Sin embargo, la amplitud con que se definen dichas finalidades es enorme, por lo que la gran mayoría de las acciones de protesta social podrán, potencialmente, ser calificadas como "terroristas" o encuadrar dentro de las previsiones de esta ley.
No se trata de una preocupación en abstracto. Leyes muy similares a estas se utilizan habitualmente en Chile, para acusar por terrorismo a los miembros de las comunidades mapuches que luchan por la defensa de su territorio y de sus costumbres. Los pobladores de Belén, en la provincia de Catamarca, que rechazan la megaminería de la empresa Bajo La Alumbrera ya conocen la aplicación de esta ley.
Entre las situaciones absurdas por lo ilógico, pero extremadamente graves por sus consecuencias en la práctica pueden citarse las siguientes:
- Actualmente la pena prevista por una usurpación es de 6 meses a 3 años, pero si se considera que tiene una finalidad terrorista (por ejemplo, para frenar procesos de desmonte) la pena pasaría a ser de 1 a 6 años, introduciendo así el riesgo de la prisión efectiva;
- Este proyecto implicaría nuevas desproporciones en la escala penal: "por ejemplo, quien cometiera un hurto en el contexto de una conmoción pública podría recibir una condena mayor que la que corresponde a un policía que ocasionara torturas".
- Esta reforma genera condiciones para una mayor criminalización de la protesta social, ya que amplía las figuras penales y aumenta notablemente las penas respecto de actos que constituyen la sustancia de las estrategias de reivindicación de derechos en la práctica. Los piquetes, las movilizaciones, las huelgas con permanencia en el establecimiento, la resistencia a desalojos, entre otros, quedarán sujetos a la discrecionalidad de que un juez los califique como "terroristas". Sobrados ejemplos tenemos de magistrados posicionados ideológicamente en actitudes represivas y antipopulares, y más aún aquellos que han sido participes o cómplices de la dictadura militar como Pedro Federico Hoft en nuestra ciudad.
Leer mas
No hay comentarios:
Publicar un comentario